Desde hace bastante tiempo se viene observando una corriente de opinión en nuestros representantes políticos favorable a la privatización de importantes y estratégicos servicios públicos. La justificación recurrente a la desregulación de estos recursos de la Administración Central, Autonómica y Local es la supuesta improductividad que presentan los servicios en manos del poder público, en contraste con la mejor organización y productividad de los servicios gestionados por la iniciativa privada. Esta concepción “liberalizadora” de recursos estratégicos del Estado y las Comunidades Autónomas se ha desarrollado en los últimos años debido al impulso de distintos gobiernos y de iniciativas legislativas destinadas a la privatización de la gestión en materia de educación, sanidad y otras materias sensibles de la sociedad.
Así, en la Comunidad Valenciana, una de las autonomías precursoras en el desmantelamiento de los servicios públicos, han proliferado la inauguración de centros de salud y hospitales de gestión privada que proporcionan sustanciosas ganancias a empresas del ámbito de la salud. Asimismo se han venido firmando convenios con organismos e instituciones para la externalización de servicios de titularidad pública que han supuesto también cuantiosos beneficios para los adjudicatarios.
Tras la sanidad y la educación los adalides de la privatización en la acción social han fijado sus objetivos en la maltrecha situación de los servicios sociales. Aprovechando la devaluación constante que sufre desde hace mucho tiempo el sistema de Servicios Sociales público en nuestro país asistimos a un progresivo pero constante desmantelamiento y privatización de los mismos.
Pese a que las leyes de Servicios Sociales Autonómicas en teoría recogen la responsabilidad de los poderes púbicos en la acción social mediante el desarrollo de actuaciones encaminadas a la prevención frente a intervenciones asistenciales, observamos cómo cada vez en mayor medida los Servicios Sociales públicos realizan una actuación reparadora y únicamente destinada a la contención de situaciones de especial necesidad. Asimismo es constatable la falta de voluntad política de algunos gobiernos en el cumplimiento de leyes sociales de suma importancia social, como es el caso de la Ley de Dependencia.
Esta dejación de sus responsabilidades por parte de la Administración parece querer privilegiar la entrada de la iniciativa privada en recursos sociales básicos para la población y la creación de dos esquemas de protección social diferenciados. Uno residual, público, dirigido a la contención de situaciones extremas de las clases bajas y, otro profesional, privado, y encaminado a procurar una atención preventiva y especializada para clases medias y altas.
Con el ahogo financiero, la privatización de servicios y la precarización del trabajo de los profesionales en el ámbito de la acción social algunos parecen querer abocar a los Servicios Sociales a un sombrío y angosto callejón sin salida.
Así, en la Comunidad Valenciana, una de las autonomías precursoras en el desmantelamiento de los servicios públicos, han proliferado la inauguración de centros de salud y hospitales de gestión privada que proporcionan sustanciosas ganancias a empresas del ámbito de la salud. Asimismo se han venido firmando convenios con organismos e instituciones para la externalización de servicios de titularidad pública que han supuesto también cuantiosos beneficios para los adjudicatarios.
Tras la sanidad y la educación los adalides de la privatización en la acción social han fijado sus objetivos en la maltrecha situación de los servicios sociales. Aprovechando la devaluación constante que sufre desde hace mucho tiempo el sistema de Servicios Sociales público en nuestro país asistimos a un progresivo pero constante desmantelamiento y privatización de los mismos.
Pese a que las leyes de Servicios Sociales Autonómicas en teoría recogen la responsabilidad de los poderes púbicos en la acción social mediante el desarrollo de actuaciones encaminadas a la prevención frente a intervenciones asistenciales, observamos cómo cada vez en mayor medida los Servicios Sociales públicos realizan una actuación reparadora y únicamente destinada a la contención de situaciones de especial necesidad. Asimismo es constatable la falta de voluntad política de algunos gobiernos en el cumplimiento de leyes sociales de suma importancia social, como es el caso de la Ley de Dependencia.
Esta dejación de sus responsabilidades por parte de la Administración parece querer privilegiar la entrada de la iniciativa privada en recursos sociales básicos para la población y la creación de dos esquemas de protección social diferenciados. Uno residual, público, dirigido a la contención de situaciones extremas de las clases bajas y, otro profesional, privado, y encaminado a procurar una atención preventiva y especializada para clases medias y altas.
Con el ahogo financiero, la privatización de servicios y la precarización del trabajo de los profesionales en el ámbito de la acción social algunos parecen querer abocar a los Servicios Sociales a un sombrío y angosto callejón sin salida.
Artículo publicado en el suplemento "UAldía" de "La Verdad"
1 comentario:
Para que después digas que no me acuerdo de ti!
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